Una tablet, celulares y una impresora: los gadgets que los exconvencionales aún no devuelven o donan

Tras el plebiscito, buena parte de los exconvencionales retomó las actividades que desempeñaban desde antes de la Convención o bien se reinventaron y asumieron nuevas tareas. Un grupo minoritario de ellos asume esos nuevos desafíos con parte de los equipos que utilizaron como constituyentes y que, por decisión de la mesa directiva, debieron haber sido devueltos a la Secretaría General de Presidencia (Segpres) o donados tras la disolución del órgano.

En concreto, el 23 de junio de este año la mesa directiva, encabezada en ese momento por María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes), envió un oficio en que se detalla que se eligió a una organización destinataria de los “bienes de activo físico que por su naturaleza sean perdurables” y que no ingresaron “al patrimonio definitivo de las y los convencionales” que fueron utilizados a lo largo de los meses de funcionamiento de la Convención.

La organización escogida por la mesa fue Chilenter, una fundación dependiente de la dirección sociocultural de la Presidencia de la República dedicada a fomentar la educación y uso social de las tecnologías.

En el oficio de la mesa se especificaba que se debían “donar a Chilenter los equipos que esta fundación recibe bajo el concepto “sin costo asociado”. Con respecto a los bienes que Chilenter recibe con costo, “se sugiere que cada convencional los done a una institución pública de educación situada en alguna comuna de su distrito, y que luego emita una declaración jurada que hará llegar a la Secretaría Administrativa durante julio de 2022″.

Sin embargo, no todos cumplieron con esta exigencia de la mesa. En total, son 12 los ítems que no han sido devueltos. Lo que tienen en común quienes no han entregado o informado sobre el paradero de estos artículos es que todos provienen de colectivos independientes, como los derivados de la Lista del Pueblo, Movimientos Sociales Constituyentes e Independientes No Neutrales.

El monto más elevado dentro de quienes no han devuelto sus artículos corresponde a Bastián Labbé, quien integró el colectivo Movimientos Sociales Constituyentes. En su caso, no ha informado sobre una impresora ($ 299.990 pesos) y una funda térmica ($ 20.190). El exconvencional fue consultado por este medio al respecto, pero, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta de su parte.

Por detrás de él, Elisa Giustinianovich, también de Movimientos Sociales, figura en el informe final sobre devolución de bienes con un celular Samsung A525 ($ 289.990) como no devuelto o no informado. En su caso, consultada por La Tercera PM, ella asegura que el equipo fue enviado por encomienda desde Punta Arenas en octubre y dice que va a “resolverlo” cuando llegue a Santiago, el 29 de este mes.

Por su parte, Elsa Labraña, quien fue parte de la Coordinadora Plurinacional, no ha entregado un tablet Lenovo ($ 219.990) y un “kit multimedia interfaz de audio”, avaluado en $ 38.391. Ella explicó que el primero de los artículos le fue robado a su asesor y que se hizo la denuncia en una comisaría de Providencia, pero que “no he tenido tiempo para ir a buscar la denuncia, llevarla y hacer toda esa burocracia”.

En cuanto al kit, dijo que lo donó al medio independiente de “Fuerza Transformadora”. “En el tema de las donaciones, después vi que solo se podía donar a escuelas. Como era una organización independiente, sin fines de lucro, le entregamos el estabilizador. Pero después vimos que no se podía y no lo íbamos a pedir de vuelta tampoco”, justificó.

En el caso de Cristóbal Andrade, quien ingresó a la Convención a través de un cupo de la Lista del Pueblo, no ha entregado ni informado sobre el paradero de cuatro toldos plegables ($ 94.981) y un aplique solar ($ 28.481).

César Uribe, uno de los integrantes del colectivo Pueblo Constituyente, no ha entregado dos pendones ($ 41.650 y $ 45.000) y un atril para pendón ($ 15.000). En su caso, dijo no recordar si se le solicitó la devolución de estos elementos, aunque afirmó que tiene que “revisar los correos”.

En el documento publicado en la página de la Convención también se menciona que Marco Arellano -quien fue parte de la Coordinadora Plurinacional- no ha devuelto un micrófono para iPhone ($ 31.900). Al respecto, él sostuvo que “me comunicaré con Segpres, ya que recuerdo haber hecho devolución de los siete elementos que compré con gastos operacionales. Para mí el uso de recursos público es un tema sumamente relevante, es por ello que renuncié al uso de viáticos, y también a los pasajes y hospedajes de las salidas a Concepción y Antofagasta”.

En efecto, en el documento se confirma que los otros seis elementos utilizados por Arellano fueron reembolsados o donados a Chilenter.

Guillermo Namor (Independientes No Neutrales), en tanto, no ha informado sobre un pendón de $ 29.990. Él también fue consultado por este medio, pero no hubo respuesta de su parte.

Además de estos 12 artículos, hay otros 21 que tampoco fueron devueltos. 16 de ellos corresponden a objetivos que los exconvencionales denunciaron como robados. En el oficio de la Convención mencionado anteriormente, se estipula sobre estos casos que “si los bienes han sido robados, hurtados u objeto de algún otro delito, el convencional afectado estará exento de la obligación de donarlos, siempre que haya hecho la denuncia ante la fiscalía, y enviado copia de ella a la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional”.

En detalle, Wilfredo Bacián denunció en la 1° comisaría de Iquique el robo de un disco duro ($ 46.000), una grabadora de voz ($ 44.900), un bolso protector de notebook ($ 40.000) y una batería para celular ($ 20.000).

Isabel Godoy, la representante del pueblo Coya, denunció el 6 de julio, dos días después del término de la Convención, que le robaron un notebook ($ 331.990), la memoria de este ($ 82.950) y un cargador ($ 24.990). En el documento no se especifica dónde hizo la denuncia. Consultada por La Tercera PM, ella respondió que fue en una comisaría de Copiapó y especificó que el robo ocurrió el 3 de julio durante una actividad de cierre de la Convención en la Plaza Yungay.

Helmuth Martínez, quien integró el colectivo de los No Neutrales, ingresó una denuncia en la Fiscalía local de Carahue por el robo de dos computadores, ambos avaluados en un total de $ 678.990.

En tanto, Felipe Mena (UDI) hizo una declaración jurada en una comisaría en Providencia por el robo de un notebook ($ 305.830) y un disco externo ($ 15.463).

Por su lado, Roberto Vega (Renovación Nacional) denunció en la Fiscalía de Coquimbo el 28 de junio que le robaron un iPhone 11 ($ 499.990), una batería de computador ($ 94.490) y un iPad pro 11 ($ 749.990).

Caso aparte es el de Margarita Vargas, la exconvencional representante del pueblo Kaweskar, quien perdió cinco artículos financiados por la Convención en el incendio de su casa en Punta Arenas en octubre del año pasado. Estos eran un notebook ($ 479.990), una impresora ($ 169.990), un celular Samsung ($ 159.990), unos audífonos ($ 23.934) y un estuche ($ 15.690).

El proceso constituyente tuvo un costo superior a los $ 22 mil millones de pesos en total, monto que incluía desde los sueldos que recibieron los 155 convencionales, sus asignaciones, hasta otros gastos operacionales y administrativos del órgano constituyente.

En tanto, dentro del quinto informe de presupuesto ejecutado con cargo a los recursos transferidos al Consorcio de Universidades del Estado (Cuech), de la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención, se desprende que se ejecutaron $ 766.699.500 de ese presupuesto, mientras que $ 207.300.500 restantes fueron devueltos al erario nacional.

De este documento, se destaca que los recursos ejecutados con cargo al proceso de participación y consulta indígena -que convocó menos de ocho mil personas- equivalen a $ 237.084.199, lo que dista de los $ 1.400 millones que inicialmente se habían estimado por parte de la Mesa para ese ítem.